énfasis ha sido puesto en la implementación de una política represiva contra la población campesina en desmedro de planes de integración e intercambio en materia social, económica y política, que contribuyan al desarrollo de la región y al bienestar de sus pobladores. Es necesario señalar que para los habitantes de esta zona prima en el inconsciente individual y colectivo el sentido de pertenencia a la región percibido como territorio cuya población ha construido relaciones sociales estrechas y lazos culturales profundos, en donde los límites que determinan la nacionalidad no tienen mayor relevancia (Nizkor, 1999).
Para la población que habita esta zona, particularmente la más vulnerable y que desde siempre ha vivido en condiciones de pobreza, consecuencia de la falta de educación y de oportunidades en sus lugares de origen y que es vista por las autoridades venezolanas encargadas del control e ingreso de extranjeros, quienes identifican a los de nacionalidad colombiana como personas que hacen parte de los grupos guerrilleros, de bandas de tráfico de drogas o secuestro y “tienden a verlos como enemigos y a atribuirles la responsabilidad de los problemas, en una evidente expresión de xenofobia” (Nizkor, et al., 1999, p.2).
Este fenómeno ocurre porque durante las décadas de los 80, 90 y ya entrado el siglo XXI.
…las incursiones de la guerrilla colombiana sirvieron de justificación para que funcionarios militares (funcionarios militares adscritos a los Teatros de Operaciones -TO-, guardias nacionales, infantes de marina y policías) detuvieron y torturaron masivamente a los habitantes de esta zona, acusándolos de pertenecer a los grupos insurgentes, o de colaborar con ellos (Nizkor, et al., 1999, p.2).
Aunado a esto, está el hecho de que existan en la zona binacional con la República Bolivariana de Venezuela, grupos indígenas que se mueven indistintamente por estar sus comunidades asentadas a ambos lados de la frontera, haciéndolos más vulnerables, convirtiéndolos en las víctimas más frecuentes del accionar de los violentos y de algunos representantes de los Estados fronterizos.
Según los investigadores de las ONG de derechos humanos que aportaron su trabajo a Nizkor, en la línea fronteriza y por decisión de las fuerzas armadas venezolanas, durante años, muchos habitantes civiles, “han sido asesinados en supuestos combates con la guerrilla, vestidos como militares y presentados como insurgentes… también han demostrado que las víctimas eran campesinos, incluso niños, vestidos después de muertos con prendas militares y cuyos cadáveres presentaban evidencias de tortura” (Nizkor, et al., 1999: 3). Un ejemplo de estos hechos fue la masacre de El Amparo, ocurrida en octubre de 1988, en donde fueron ejecutados extrajudicialmente 14 pescadores en un caño del río Arauca, es uno de estos casos (Minga, 1999).
Al Departamento Norte de Santander, las agrupaciones de autodefensas, entraron por Ocaña y se asentaron inicialmente en el Catatumbo, asolando y sumiendo a los pueblos por donde transitaron en una violencia que respondía a las situaciones de enfrentamiento de las fuerzas del orden con los grupos guerrilleros en las áreas rurales, “especialmente por los hechos como las tomas guerrilleras a las poblaciones, las acciones guerrilleras en Cúcuta y la disputa territorial ocasionada por la incursión de los grupos paramilitares en el departamento” (Codhes, 2000).
La incursión paramilitar en el Norte de Santander, no en tránsito sino con efectos violentos comenzó el día 29 de mayo de 1999. Días antes, habían ocurrido enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares en la zona del Catatumbo que originaron desplazamientos masivos hacia los poblados de Casigua el Cubo y la Vaquera, en el Estado Zulia, Venezuela.
Según las versiones de las víctimas y de los testigos, “los paramilitares que incursionaron en el municipio de Tibú y que tenían por objetivo establecerse en el corregimiento de La Gabarra, provenían de la inspección de San Bernardo, municipio Tamalameque, departamento del Cesar, el grupo de hombres fuertemente armados y uniformados… pasaron por los municipios de Pelaya y Aguachica, (zona con fuerte presencia de instalaciones y efectivos del ejército y de la Policía de Colombia), entraron por Ocaña, al Norte de Santander (a cuya entrada se encuentra la base militar de Aguas Claras), cruzaron por el río de Oro (Cesar), tomaron la vía Ocaña – Cúcuta, pasando por la vereda «La Cuatro» ubicada a 4 Km. del casco urbano de Tibú y se dirigieron a La Gabarra. Los paramilitares se concentraron varios días en una finca del corregimiento de Petrólea y de esta finca partieron en los 6 camiones, el 29 de Mayo, rumbo a la Gabarra” (Nizkor, et al., 1999, p.4).
Las comunidades de los Corregimiento de la Gabarra, las de Filo Gringo, Vetas de oriente, Vetas Central (Río Vetas), Remolino, La Reserva, Caño Pato, La Colombiana, caseríos y veredas en el Catatumbo, y días después, el Área Metropolitana de Cúcuta en la «Y», en Pedregales, en Aguaclara, vía hacia Puerto Santander, fueron reunidas por los paramilitares en cada uno de estos poblados, donde algunos fueron ajusticiados y muchos otros comenzaron el camino del desplazamiento obligado porque si se quedaban la muerte era segura.
La lucha en que se trenzaron los grupos paramilitares y la guerrilla, más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos resulta de la disputa por el control de zonas con un alto potencial para ambas fuerzas y donde el apoyo de la población civil se consigue por la vía de la violencia y la intimidación que rompen los lazos de solidaridad, imponen la ley del silencio y destruyen el sentido de comunidad a donde llegan (Echandía, 1999).
En el 2004, el documento redactado por Vicepresidencia y antes citado, confirmó que “las agrupaciones de autodefensa son hoy en día (2004, como fechas previas a las desmovilizaciones), una organización en expansión y tienen presencia en buena parte del Norte de Santander.” (Vicepresidencia; 2004, p.4). También, en el mismo documento, reconoció el Estado que estos grupos de autodefensa actuaban en:
…Cúcuta, Abrego, El Zulia, Salazar, San Calixto y Villa del Rosario y a partir de 1999 en Labateca y Toledo, en el Sarare. A finales de 2001 se registró una ofensiva de los paramilitares provenientes del Cesar y de Tibú en el Medio Catatumbo, especialmente en los municipios de El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí y El Carmen” (p.4).
El propósito de los grupos de autodefensas fue controlar los puntos neurálgicos del sistema de comunicación terrestre del Norte de Santander. El primero fue la carretera Ocaña – El Tarra – Tibú. El segundo fue la consolidación del corredor geográfico entre el Catatumbo y el Sarare, lo que les permitió lograr la movilización de la fuerza necesaria para hacer incursiones sobre Arauca y supuestamente cerrar el