paso de la guerrilla de este departamento hacia Norte de Santander. El tipo de violencia que se ha ejercido sobre estos ejes se expresó durante los años 1998 a 2004 en masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.
Reconoce la Vicepresidencia (2004), que:
…las autodefensas tienen influencia en buena parte de las cabeceras de los municipios mencionados además de algunos de sus corregimientos. Ejercen presión sobre las administraciones locales y transfieren recursos de representantes de los sectores productivos. Desde las zonas planas, sus bases de apoyo en las cabeceras y algunos corregimientos, organizan sus incursiones en las zonas rurales” (p.4)
Como se puede constatar en los documentos citados, en esos tiempos de conflicto, sus efectos sobre la población civil no fueron sólo violaciones de los derechos a la vida y de la libertad, también han sido frecuentes los bloqueos económicos y alimentarios que muchas veces afectaron y afectan a los campesinos, colonos e indígenas que habitan estos territorios como resultado de las disputas entre autodefensas y guerrillas y como consecuencia de las confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos irregulares.
Por las razones hasta aquí expuestas es comprensible la ocurrencia “de los desplazamientos de población que se han producido en los municipios más afectados por la violencia ejercida por las autodefensas y las guerrillas (Vicepresidencia, et al., p.4). A raíz de lo ocurrido en el Departamento, la ciudad de Cúcuta y en su Área Metropolitana (Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander) viven desde 1998 una de las problemáticas sociales más serias del territorio colombiano (RUT, 2006).
En esta zona del departamento “la problemática de crisis humanitaria se acentúa porque tiene elementos que la caracterizan como una economía dependiente, el contrabando (mafias), el narcotráfico, violaciones de los DDHH y DIH, corrupción e impunidad” (Quiroga, 2007, p.2), son permanentes, además de la presencia de todos los actores del conflicto armado y sus acciones bélicas, que junto con la existencia de normas y políticas públicas que no se cumplen, producen una alta vulnerabilidad de la población debido a altos índices de pobreza, desempleo y bajos índices de educación y oportunidades laborales.
Cúcuta ha sido catalogada desde tiempo atrás como el principal puerto terrestre de Suramérica y cuenta con unos lazos de integración económicos y socioculturales e históricos con el país vecino, sin precedentes en este lado del continente. Esta ciudad, desde los años 70 consiguió posicionamiento comercial y, en cierto grado, turístico y manufacturero, ha carecido de políticas y de programas de fomento, además los sectores comercial y manufacturero decrecieron en exportaciones hacia Venezuela: en 1998 registraron un poco más de 65 millones de dólares y en 2001 apenas un poco más de 41 millones. (Villarraga, Cañizares y Ramos, 2002).
Entre las causas de dicha crisis humanitaria aparece el detrimento de renglones de la economía formal, la liberación de importaciones y el efecto de la violencia. Según el DANE (2003), Cúcuta mantuvo para el 2002 tasas de desempleo del 17% y de subempleo del 33.7%, aunque existen versiones de que el fenómeno es mayor y podría registrar rangos del 25 y hasta del 30%.
De hecho, la principal fuente de ingresos en Cúcuta es el comercio informal con Venezuela. Esta economía dependiente es favorecida o afectada por la fluctuación de la moneda venezolana, que genera actualmente un subempleo del 44% y un desempleo del 16%. A raíz de su dependencia, la ciudad de Cúcuta ha sufrido directamente, desde hace treinta años, las consecuencias de la problemática social, política y económica de Venezuela. Como resultado de esta problemática el comercio redujo sus ingresos en un 70% y se cerraron en el año 2004 más de 50 locales comerciales en el centro de la ciudad y fueron despedidas para este mismo año más de 500 personas (Cámara Comercio Cúcuta, 2005).
Para comienzos de la década de 2000, en plena influencia paramilitar, la situación de la ciudad se agravó en materia social y con referencia a los derechos sociales, según el informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, (Vicepresidencia, et al., 2004), para el 2003 en la zona metropolitana y en Cúcuta, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) evidencia que el 67,8% de la población tiene al menos una NBI, pero el 40,9% vive en condición de miseria. Estas cifras, comparadas con el nivel nacional de 37% y 14,9%, respectivamente y con el nivel departamental (41,8% y 18,9%) colocan en evidencia el rezago social de la región respecto del ámbito nacional e incluso, en ciertos aspectos, también del departamental (Vicepresidencia, et al., 2004).
La cultura de la ilegalidad y el contrabando ha desencadenado grandes desórdenes públicos y enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, la comunidad y el Estado. (RUT, Conferencia Episcopal Colombiana, 2006). Las agencias investigadoras del Estado y las ONG y el Observatorio de Paz (2011), consideran que existen más de 12 mafias que dominan la zona: el contrabando de la gasolina, de las armas, los traficantes de droga, el tráfico de personas, víveres, cerveza, repuestos para vehículos, entre otros. Junto a estos graves problemas se suman el narcotráfico y el lavado de dinero, que han incidido fuertemente en la economía de la ciudad.
Para la Conferencia Episcopal Rut, (2006), el conflicto ha permeado estructuras políticas y la disputa por las tierras han generado numerosos desplazamientos, según su informe denominado ‘Estudio de caso 12, sobre Desplazamiento forzado en Cúcuta’
…los grupos armados al margen de la ley que se disputan este territorio, sus tierras y accesos y caminos hacia la frontera y han generado el desplazamiento de más de 50.000 personas a la ciudad. Se dan en la ciudad grandes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional y humanitario, la impunidad y la corrupción, asesinato de líderes, y actores armados insertados en el escenario político (p.5)
En la ciudad es la Curia Diocesana, quien atiende a los desplazados que llegan y se instalan en las áreas más inhóspitas de Cúcuta y su Área Metropolitana, “definir a Cúcuta con la terminología social de frontera viva, parece casi una ironía: ¿Frontera viva o frontera de muerte? ¿Frontera de paso a la esperanza o punto de decepción?” (Conferencia Episcopal 2006). Y lo plantean con conocimiento de causa.
La Iglesia Católica de Cúcuta enfrenta ese problema creando el Centro de Migraciones, en el barrio Pescadero, inicialmente, como lugar de acogida al que los funcionarios del DAS remitían las personas que la Guardia Nacional venezolana transportaba en autobuses hasta el puente internacional